martes, 13 de mayo de 2008

La tres E: Estado, equiparación y ecuanimidad.

Esquema básico para la resolución del conflicto agrario
Por Ángel Cadelli – Proyecto Sur (Artículo relacionado: El Enemigo Invisible)

Siguiendo con el tema, inaugurado por nosotros bajo el título El Enemigo Invisible, veamos ahora una solución inmediata para el conflicto que se ha planteado.
Oportunamente aceptado por la Federación Agraria Argentina (FAA) en el pasado reciente, el esquema impositivo que sigue le fue presentado al ex ministro Miguel Peyrano con resultado nulo. Tal vez ahora, con el conflicto a la vista, aquella olímpica indiferencia pueda ser vencida.

Chequeado telefónicamente el miércoles 26/03/08 con las máximas autoridades de la FAA, lo que sigue es solución contundente para los 71898 productores pequeños y medianos de Argentina, ninguno de los cuales llega a superar las 1500 toneladas de soja, pero que sumados acumulan el 40% de la producción nacional.

Afuera de este esquema, subordinadas a una mayor carga impositiva que están en condiciones económicas de soportar, quedan las 2817 empresas que responden al capital concentrado (multinacionales, pooles de la gran especulación, los “grobo”, etc.) y que sumadas acumulan el 60% de la producción del país.

La solución consiste en que todos los productores, cualquiera sea su tamaño y condición, cumplan con la totalidad de las retenciones fijadas por el gobierno. Sin excepciones de ningún tipo.

Por otro lado, con el nivel de exportación denunciado en formularios que ya existen y tienen vigencia, proceder a reintegros selectivos según el tamaño de cada productor, diferenciando los que hacen de la producción una más de sus inversiones especulativas de quienes tienen al trabajo como única forma de ganar su sustento.

Así, a los pequeños productores (que no puedan llegar a las 1200 toneladas) se les otorgará un reintegro del 30% de lo oportunamente retenido, lo que significa un desahogo muy importante para los que viven con el agua al cuello. De esta manera, se les respeta un margen razonable a miles de chacareros que, aunque tengan como herramienta de trabajo una 4x4, no son oligarcas ni tienen modos de terratenientes.

Son productores para los cuales su parcela de campo es el más importante de entre los diversos elementos propios de su actividad (como el tractor, la sembradora, la cosechadora, que muchas veces se comparte entre varios productores). Son pequeños propietarios sobre los cuales recaen los mayores riesgos, ya que ellos pagan por la semilla, por el fertilizante, por el herbicida y por la cosecha, sin saber de antemano si el clima, las multinacionales o los caprichos de la política respetarán su esfuerzo. Una mala cosecha, un mal año, una sequía, pueden dar al traste con cientos de días de trabajo y ahorros duramente conseguidos.

En el siguiente escalón, los medianos productores (más de 1200 pero menos de 1500 toneladas) obtendrán un reintegro del 15%, lo que mejora la situación actual y la retrotrae a los niveles de finales de 2007. Esto es aceptable hoy tal como fue aceptado ayer, como ya explicáramos en nuestra anterior nota.

Finalmente, dados los factores de escala que los benefician, los grandes (más de 1500 toneladas) no reciben ningún reintegro, ya que su holgada posición y los gigantescos volúmenes de sus ventas hacen posible (y hasta cómoda) la carga impositiva aplicada. Además, como al mismo tiempo que productores son también acopiadores, lucran doblemente sobre el producto y con riesgo nulo en la etapa de acopio. Por lo tanto, no es injusto que sus márgenes de ganancia por tonelada en la primera etapa (la de producción) sean un poco inferiores a los de los medianos y pequeños que solamente producen, sin especular ni obtener ventajas por medio de la concentración del capital (etapa de acopio).

Terminando con este segundo tratamiento del tema, vale la pena señalar que los efectos del cambio de gravamen son difíciles de aceptar, ya que, cuando los productores deciden sembrar, lo hacen considerando los precios de los insumos y también los impuestos. Por eso les duele tanto que les cambien las reglas de juego, porque los quieren obligar a pagar mayores impuestos después que ya se metieron hasta el cogote: tienen el campo sembrado y la mayor parte de los gastos hechos.

Si en vez de impuestos se tratara de leyes, la situación equivalente sería la de una legislación retroactiva, condición negada en todas las constituciones del orbe. En este sentido, para ser académicamente justos debería existir un período de gracia antes de la puesta en vigencia del cambio, de manera que el productor tenga todas las variables a la vista antes de optar por una u otra siembra.

Quedan abiertos otros aspectos del tema para próximas entregas, tales como la implementación de políticas impositivas activas para lograr la rotación de cultivos. Nosotros somos partidarios de la obligación expresa de cumplir con la preservación del recurso natural (que es un bien común) a partir de la función social de todo el capital, sea este privado o estatal.

Pretender que sean las fuerzas del mercado las que recuperen los daños infligidos a la naturaleza equivale a poner a un asesino serial a proteger las familias de sus víctimas.

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